Son muchas las personas que intentan acceder a una vivienda de protección oficial debido a su precio más bajo ya que no tienen recursos económicos, pero también hay muchas de ellas que optan a este tipo de viviendas con el objetivo de cederlas a otras personas o sacar beneficio poniéndolas a la venta años más tarde. En este artículo queremos dar respuesta a la pregunta de si te pueden echar de una vivienda de protección oficial, por qué motivo y qué infracciones existen.
Aumento del fraude en las vivienda de protección oficial
Es importante destacar que una práctica delictiva de cualquier tipo supone la pérdida inmediata de la vivienda de protección oficial. Por ejemplo, ceder el piso a otra persona, usarlo solo para disfrutar de él unos meses al año, venderlo sin que haya pasado el periodo necesario o realquilar sin permiso a un precio superior al permitido, son algunas de las prácticas contras las que luchan las administraciones desde hace mucho tiempo.
Algunas de estas ilegalidades suponen una multa elevada para el infractor, además de que los fraudes o incumplimientos contractuales más graves pueden implicar la pérdida de la vivienda de protección oficial.
El precio de la vivienda ha ido experimentando un aumento significativo con el paso de los años lo que hizo que la diferencia entre lo que había que pagar por un piso en el mercado libre y por uno de protección oficial fuese muy elevada. Todo esto ha provocado que los fraudes en la compraventa de viviendas protegidas hayan aumentado.
Las acciones ilegales se han convertido en algo frecuente y desde muchos sectores se ven como algo normal, y se han llegado a tolerar en el entorno social tanto del comprador como del vendedor.
Ante esta situación de fraude, tanto el Ministerio de Vivienda como las administraciones de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia, endurecieron la legislación y también reforzaron los servicios de inspección. El principal objetivo era frenar la especulación y así conservar el parque de vivienda pública para favorecer a las personas que realmente necesitan esa ayuda.
Obligaciones de los propietarios de una VPO
Las personas que optan a una VPO deben cumplir una serie de condiciones que pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentren. A modo de resumen, tienen que cumplir lo siguiente:
- Ser ciudadanos que no superen una determinada renta.
- No estar en posesión de otra vivienda.
- Reunir una serie de requisitos sociales o familiares.
- Formar parte de la lista de demandantes.
Una vez se firma el contrato de compra o alquiler de una VPO, no solo se adquiere una vivienda con todo lo que esto conlleva, sino que también cuentan con una serie de compromisos al hacer uso de ella que pasaremos a explicar a continuación en profundidad.
La vivienda debe ser utilizada como primera residencia
La persona que compra una VPO adquiere una serie de compromisos como el de vivir en ella de forma habitual y usarla como primera residencia. Únicamente pueden pasar fuera tres meses al año, aunque este periodo puede variar dependiendo de la región donde se encuentre la vivienda.
Este requisito puede incumplirse sólo en circunstancias muy especiales y después de comunicárselo a la administración o departamento correspondiente. Es por ello, que las comunidades autónomas cada vez llevan a cabo más inspecciones periódicas.
Es más común de lo que podemos pensar que un titular de una VPO tenga otras residencias adquiridas, ya sea a su nombre o al de otras personas, y que use la primera de ellas como sitio de vacaciones, algo que es una falta muy grave.
No cumplir con el plazo para entrar a vivir en la VPO
Otra situación es que la vivienda se quede vacía. Al firmar el contrato, las cláusulas ya reflejan la obligación de entrar a vivir en el piso en un periodo determinado establecido por cada administración. Si el titular no cumple con este requisito puede llegar a perder la propiedad.
Una persiana bajada durante un mes, un buzón lleno de cartas o los contadores de agua, luz o gas a cero, son algunos puntos de partida que los inspectores pueden seguir para descubrir si la vivienda de protección oficial está habitada. Pueden también preguntar a los vecinos y visitar la vivienda en diferentes ocasiones para determinar que el piso está vacío. Son muchos los inmuebles que han sido retirados por este motivo.
Vender la VPO sin estar autorizado
Se trata de otro de los fraudes que se comete con más frecuencia. La persona que adquiere una vivienda de protección oficial sabe perfectamente que no puede transferirla a otra persona hasta que pase un tiempo determinado, que puede variar según la legislación de cada autonomía.
Para poder venderla, debe solicitar antes su descalificación como VPO y que ésta se lleve a cabo. En nuestro blog puedes informarte sobre “Cuándo una vivienda de protección pasa a ser libre”.
Además, el fraude consiste en poner el piso en venta por el precio máximo que permite la comunidad autónoma y añadir un importe extra que el comprador paga en dinero negro. Esta cantidad suele ser bastante elevada, pero sumada a lo que vale el piso, no llega a ascender a lo que se paga en el mercado libre. Así, tanto el vendedor como el comprador, se benefician de la transacción.
Los que realmente pierden son las personas que están esperando a conseguir una vivienda protegida. Hasta hace unos años esta práctica estaba tan extendida que hay quienes aseguran que los propios bancos tasaban el precio por un valor muy superior al legal. Vender el piso de forma fraudulenta es una de las prácticas más graves.
Una VPO puede ser expropiada si está vacía o si se cede de manera fraudulenta
Es común que los titulares de la vivienda protegida la cedan a familiares o amigos, o de forma gratuita o a cambio de dinero, pero llevando a cabo fórmulas que se alejan de la legalidad.
Esta ilegalidad se puede observar muchas veces en las facturas de la luz o en la correspondencia certificada que llega al buzón con el nombre de personas que no son los titulares de la vivienda. Por eso, cada vez son más las comunidades que cuentan con inspectores que se dedican a controlar las viviendas protegidas y se encuentran con muchos fraudes.
A la hora de solicitar una vivienda de protección oficial en la solicitud debe aparecer la persona o las personas que van a vivir en ella y que cumplen todos los requisitos para acceder a este tipo de viviendas. Por ejemplo, en el caso de que una persona solicite la vivienda cuando está soltero/a y al entregar la vivienda ya tiene pareja puede querer incluirla en la vivienda.
En este caso, incluir a otra persona en las escrituras de la vivienda de protección oficial es una transmisión de la misma, como si se vendiese o se cediese la mitad de la casa. Esto implica una transmisión de la propiedad que implica la pérdida de la subvención durante los primeros 10 años. Hay que tener en cuenta que la adjudicación de la casa y sus ayudas se llevó a cabo teniendo en cuenta sólo unos ingresos, los de la persona solicitante y, por tanto, comprador único. Si se pasa a haber dos propietarios, las condiciones cambian y la subvención se pierde.
Dependiendo de la situación, lo recomendable es comentarlo con la administración correspondiente para salir de dudas y que indiquen cuáles son los pasos correctos a seguir.
Falsificación de documentos de acceso a VPO
En el caso de que el solicitante haya falsificado los documentos para cumplir los requisitos de acceso a este tipo de viviendas y el fraude llega a descubrirse, tendrá que devolver la vivienda. Es difícil engañar con estos datos ya que se extraen de las cuentas bancarias y las empresas envían cada año a la Agencia Tributaria las retenciones practicadas a sus trabajadores.
También se investigan los datos de la unidad familiar, algo que se suele manipular bastante por parte de las personas interesadas en acceder a una VPO. Por ejemplo, las familias numerosas pueden optar a una vivienda de este tipo con un tamaño de 120 m2, cuando el tope para el resto es de 90 m2. El caso es que hay solicitantes que aseguran cumplir con los requisitos diciendo que un hijo vive en la unidad familiar cuando ya está viviendo en otro lugar de forma independiente.
Impago de las cuotas de alquiler o hipoteca
Pagar todas las cuotas relacionadas con la vivienda es una de las obligaciones que adquiere la persona que vive en ella, ya sea el pago del alquiler como de la hipoteca. No obstante, si la infracción se da en familias de situación de riesgo de exclusión económica o social, los servicios sociales lo tendrán en cuenta a la hora de tolerar algunos retrasos en el pago. Pero es algo que no se debe tomar como norma, sino como algo puntual.
Una VPO no puede utilizarse como negocio
Las personas que optan a una vivienda de protección oficial deben tener en cuenta que se compra para vivir en ella de forma habitual y, en ningún caso, están autorizados a montar en ella un negocio. Por lo que no puede convertirse en una oficina o un comercio. Al mismo tiempo, tampoco está permitido llevar a cabo en la vivienda actividades que puedan ser molestas, peligrosas o tóxicas.
Atendiendo a todo lo que acabamos de comentar, sí que te pueden echar de una vivienda de protección oficial. Una persona puede perder su VPO si lleva a cabo alguna de las infracciones que hemos visto y cada consejería o departamento de vivienda podrá actuar de forma diferente, así que lo que puede suponer la expropiación del piso en una región en otra puede quedar reducido al pago de una multa.
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