El acceso a la vivienda en alquiler se ha convertido en uno de los grandes problemas en España. Precios al alza, poca oferta, exigencias cada vez mayores por parte de los propietarios y muchas dificultades para jóvenes y familias a la hora de independizarse o cambiar de vivienda.
En este contexto, el Gobierno de España ha aprobado el aval público de alquiler, una medida pensada para dar seguridad a los propietarios y, al mismo tiempo, facilitar el acceso al alquiler a quienes cumplen los requisitos.
Si tienes una vivienda en alquiler o estás buscando piso, este artículo te interesa. Vamos a explicarte qué es el aval público de alquiler, cuál es su objetivo, cómo funciona, quién puede beneficiarse, qué requisitos hay y cómo se puede solicitar, todo con un lenguaje claro y sin rodeos.
¿Qué es el aval público de alquiler?
El aval público de alquiler es una garantía ofrecida por el Estado para asegurar a los propietarios el cobro de la renta en caso de impago por parte del inquilino. Es decir, el Gobierno actúa como avalista y responde económicamente si el inquilino deja de pagar el alquiler.
Este aval está dirigido exclusivamente a viviendas destinadas a alquiler asequible, y forma parte de las medidas incluidas en la política de vivienda para aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios razonables.
A diferencia de otros avales privados (bancos o aseguradoras), en este caso es la Administración pública la que respalda la operación, reduciendo el riesgo para el propietario y eliminando barreras de entrada para muchos inquilinos.
¿Cuál es el objetivo del aval público de alquiler?
El objetivo principal es claro: desbloquear el mercado del alquiler.
Actualmente, muchos propietarios no alquilan sus viviendas por miedo al impago, a los procesos judiciales largos o a la falta de garantías suficientes. Al mismo tiempo, muchos inquilinos no pueden alquilar porque no tienen aval bancario, nóminas elevadas o ahorros suficientes.
Con este aval público se persigue:
- Aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible.
- Dar tranquilidad y seguridad económica a los propietarios.
- Facilitar el acceso al alquiler a jóvenes y familias con ingresos medios.
- Reducir la exigencia de avales privados o pagos adelantados.
- Profesionalizar y estabilizar el mercado del alquiler.
En definitiva, se trata de una medida que beneficia a ambas partes y que puede contribuir a mejorar el equilibrio del sector.
¿Cómo funciona el aval público de alquiler?
El funcionamiento es relativamente sencillo:
- El propietario pone su vivienda en alquiler cumpliendo las condiciones de alquiler asequible.
- El inquilino firma un contrato de arrendamiento dentro de los límites establecidos.
- El Estado avala el pago de la renta durante un periodo determinado.
- Si el inquilino deja de pagar, el propietario puede activar el aval.
- La Administración abona las rentas impagadas dentro de los límites fijados.
Este aval no sustituye al contrato de alquiler ni a las obligaciones legales del inquilino, pero sí actúa como red de seguridad para el propietario.
¿Qué cubre exactamente el aval del Gobierno?
¿Qué cubre exactamente?
- Renta impagada: hasta un número de mensualidades (tope definido por cada CCAA).
- Suministros: luz/agua/gas/telecom (según programa autonómico).
- Daños en la vivienda: con peritaje y franquicias/topes establecidos por la CCAA.
Recomendado: inventario con fotos, parte de estado y trazabilidad de incidencias para agilizar peritaciones.
Requisitos para que el propietario pueda acceder al aval
No todos los alquileres pueden beneficiarse de esta medida. Para que una vivienda esté avalada por el Estado, el propietario debe cumplir ciertos requisitos:
- Destinar la vivienda a alquiler de residencia habitual.
- Ajustar el precio del alquiler a los límites de alquiler asequible establecidos.
- Formalizar el contrato conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
- Declarar correctamente los ingresos del alquiler.
- No tener la vivienda fuera de uso o en condiciones inadecuadas.
El aval está pensado para propietarios que apuestan por el alquiler estable y legal, no para operaciones especulativas.
Requisitos para los inquilinos
Los inquilinos también deben cumplir una serie de condiciones para acceder a un alquiler avalado por el Gobierno:
- Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente.
- No superar determinados límites de ingresos.
- No ser propietario de otra vivienda en propiedad (con excepciones justificadas).
- Cumplir con las condiciones del contrato de alquiler.
- Acreditar una situación económica que permita asumir el pago del alquiler.
El aval no es un “cheque en blanco”, sino una herramienta para facilitar el acceso al alquiler a perfiles solventes que hoy tienen dificultades para aportar garantías adicionales.
¿Cómo se puede solicitar el aval público de alquiler?
- Comprueba el índice INE y fija un precio dentro del límite.
- Prepara el contrato y deposito de fianza (con justificante).
- Acredita la elegibilidad del inquilino (edad/vulnerabilidad).
- Rellena y firma el modelo oficial de aval de tu CCAA.
- Sube la solicitud y documentación a la sede electrónica autonómica.
- Recibe la resolución y guarda el aval junto con el expediente del contrato.
Ventajas del aval público para propietarios
Para los propietarios, esta medida supone un cambio importante:
- Mayor seguridad en el cobro del alquiler.
- Menor riesgo de impago.
- Reducción del miedo a alquilar.
- Acceso a un perfil más amplio de inquilinos.
- Menos dependencia de avales bancarios o seguros privados.
Todo ello puede animar a muchos propietarios a sacar viviendas al mercado que hoy están vacías.
Ventajas para los inquilinos
Desde el punto de vista del inquilino, el aval público también aporta beneficios claros:
- Menos exigencias económicas iniciales.
- No necesidad de aval bancario.
- Mayor igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda.
- Alquileres con precios más ajustados.
- Mayor estabilidad residencial.
Para jóvenes, familias y trabajadores con ingresos medios, puede suponer una puerta de entrada real al mercado del alquiler.
El papel de la gestión profesional del alquiler
Aunque exista un aval público, la gestión del alquiler sigue siendo clave. Controlar contratos, pagos, incidencias y comunicación con el inquilino es fundamental para evitar problemas.
Aquí es donde contar con un software de gestión de alquileres como homming marca la diferencia. Automatizar la gestión, tener toda la documentación centralizada y llevar un control profesional del alquiler ayuda tanto a propietarios particulares como a gestores a aprovechar mejor este tipo de medidas públicas.
Preguntas frecuentes sobre el aval público de alquiler
¿El aval público sustituye a la fianza legal?
No. La fianza legal sigue siendo obligatoria. El aval público es una garantía adicional.
¿Es obligatorio acogerse al aval si alquilo a precio asequible?
No. Es una medida voluntaria, pensada para quien quiera mayor seguridad.
¿El aval cubre todo el alquiler indefinidamente?
No. Cubre un número limitado de mensualidades según lo establecido.
¿Puedo alquilar a cualquier precio?
No. El precio debe ajustarse a los límites de alquiler asequible.
¿El aval protege frente a daños en la vivienda?
No. Solo cubre impagos de renta.
¿Pueden acceder personas autónomas o con contratos temporales?
Sí, siempre que cumplan los requisitos económicos establecidos.
Conclusión: una oportunidad para mejorar el mercado del alquiler
El aval público de alquiler del Gobierno es una medida que puede marcar un antes y un después en el mercado del alquiler en España. Si se aplica correctamente, puede aumentar la oferta, reducir la tensión entre propietarios e inquilinos y facilitar el acceso a la vivienda.
Para que funcione, es fundamental una buena información, una gestión profesional y herramientas que ayuden a controlar todo el proceso. En ese sentido, soluciones como homming encajan perfectamente en este nuevo escenario, ayudando a que el alquiler sea más seguro, transparente y eficiente para todos.
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